Santo Domingo, República Dominicana.- Tras la suspensión provisional del artículo que prohibía la difusión de encuestas fuera del período electoral, legisladores de diversas bancadas han coincidido en que la Junta Central Electoral (JCE) se extralimitó en sus funciones.
La medida, que había sido implementada en mayo, fue criticada por carecer de bases legales sólidas.
La Ley de Régimen Electoral establece en su artículo 216 que las encuestas no pueden ser divulgadas durante los ocho días previos a la votación.
Sin embargo, el Pleno de la JCE decidió suspender la restricción el pasado viernes, generando reacciones en el ámbito político.
El diputado Ramón Raposo, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), calificó la suspensión de la veda como “una acción prudente”, señalando que la JCE “nunca supo explicar ni sustentar jurídicamente” la medida ante la sociedad.
Raposo subrayó que, en un sistema democrático, las decisiones de los organismos deben ser justificadas para evitar la “extralimitación” en el ejercicio de sus funciones.
Además, advirtió que el árbitro electoral debe adoptar un papel más firme frente a la realidad actual del país, citando el proselitismo desmedido que se observa a menos de dos años del próximo proceso electoral.
También criticó el uso de estructuras estatales por parte de funcionarios que aspiran a la presidencia.
Por su parte, el diputado Eugenio Cedeño, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), valoró la capacidad de rectificación de la JCE, aunque consideró que la restricción original fue “fuera de lugar y de contexto”.
Cedeño argumentó que la difusión de encuestas no causa daños y facilita que la ciudadanía entienda el panorama político. Afirmó que las regulaciones deben servir para beneficiar a las personas y no para perjudicarlas.
El legislador también enfatizó que cuando una disposición altera la tranquilidad política del país, lo mejor es retirarla, y que la suspensión provisional contribuiría a la paz ciudadana.
Desde la Fuerza del Pueblo, el diputado Alcibíades Tavarez calificó la prohibición original como una decisión “errada” que limitaba el derecho de la prensa.
Tavarez destacó la importancia de que los medios de comunicación y otras instituciones puedan divulgar datos sobre las preferencias electorales.
Sostuvo que los sondeos de opinión tienen relevancia más allá del ámbito electoral, abarcando aspectos institucionales y sociales.
En contraste, el diputado Pedro Martínez, de Alianza País, argumentó que el retroceso de la JCE refleja una debilidad institucional que afecta las elecciones en el país.
Martínez denunció que el Congreso Nacional ha eliminado propuestas que podrían dotar a la JCE de una verdadera capacidad sancionadora, lo que limita su función como árbitro electoral.
La decisión final sobre el futuro de las encuestas será determinada por el Tribunal Constitucional, después de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) se declarara incompetente para abordar el tema.
En la sentencia TSE/0025/2026, el tribunal concluyó que la pretensión de los demandantes no busca resolver un conflicto específico, sino eliminar una disposición reglamentaria con efectos generales, un poder que corresponde exclusivamente al Tribunal Constitucional.
Fuente: www.diariolibre.com
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