Santo Domingo, República Dominicana. -El proyecto de ley que busca modificar la Ley 16-92 del Código de Trabajo ha regresado al Congreso Nacional.
Aunque se han identificado algunos avances en la propuesta, no son suficientes para considerarla como una transformación efectiva que beneficie el empleo y la productividad de la economía dominicana.
Sin cambios significativos, las regulaciones actuales seguirán obstaculizando los acuerdos voluntarios entre empleados y empleadores, además de mantener elevados los costos laborales no salariales, con riesgo de incrementarse.
El debate en torno a la ley actualmente resalta beneficios para los trabajadores, pero ignora el costo real de su contratación y las posibles reducciones en la producción que implica cumplir con la normativa vigente.
Mientras el público recibe un mensaje centrado en ventajas, los emprendedores enfrentan una realidad de contratación onerosa y restrictiva, lo que también afecta a quienes buscan empleo, quienes enfrentan mayores dificultades para ser contratados de manera formal.
Es crucial que se consideren aspectos menos visibles en las discusiones sobre esta legislación.
Se deben formular preguntas clave: ¿el propósito de la ley es fomentar más empleos formales o perpetuar la alta informalidad laboral en el país? Además, se deben analizar cuestiones específicas que pueden influir en el mercado laboral, como si la normativa abarata o encarece la contratación formal, si aumenta los costos de cumplimiento para los emprendedores, o si reduce la capacidad de inversión en capital para mejorar la productividad laboral.
El Código de 1992 sirvió de base para establecer el Consejo Nacional de Salarios (CNS), encargado de fijar los salarios mínimos en la República Dominicana.
Sin embargo, la implementación de precios mínimos puede excluir a muchos del mercado laboral formal y elevar los costos de producción de bienes.
Aunque los salarios mínimos se proponen como solución a varios problemas económicos, a menudo se convierten en una distorsión adicional que no ataca las causas de los altos costos o la inflación.
La cesantía también representa un obstáculo significativo para la formalidad laboral. Existen leyes como la 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y la 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que prevén mecanismos alternativos para abordar este tema.
Estos mecanismos buscan respetar los derechos adquiridos de los trabajadores.
Las modificaciones propuestas al Código de Trabajo deben aprovechar la oportunidad de corregir distorsiones que complican la contratación formal y generan pasivos contingentes para las empresas.
En otros países como Austria, Chile, Ecuador y Panamá, se han implementado modelos alternativos que podrían servir de referencia, adaptándolos a la realidad local.
Generalmente, las regulaciones no benefician plenamente a empleados y empleadores. En este contexto, el Código de Trabajo de la República Dominicana no es una excepción.
Por ello, es fundamental que la oportunidad de modificarlo no se desaproveche.
Fuente: www.diariolibre.com
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