Europa aplica fórmulas distintas para frenar la crisis de vivienda

La crisis de vivienda que afecta a España no es un caso aislado en Europa, donde varios países enfrentan problemas similares por el encarecimiento de los precios, la escasez de oferta y los desahucios.

Las respuestas varían según el país. Algunos gobiernos han optado por políticas más liberales y rechazan topar el precio de los alquileres, mientras otros han impulsado medidas intervencionistas para limitar rentas o paralizar expulsiones.

Tope de alquileres y construcción de obra nueva

En Alemania, donde existe un déficit de 1,3 millones de viviendas, desde 2015 rige el llamado freno al precio del alquiler. La norma permite a los estados federados declarar zonas tensionadas y limitar los nuevos contratos hasta un 10 % por encima del alquiler medio.

En ciudades como Berlín, Hamburgo o Colonia se aplican controles sobre viviendas turísticas y sistemas de identificación. En Múnich, además, las autoridades pueden usar datos de electricidad y agua para comprobar si un inmueble permanece vacío.

En Francia, ciudades como París o Lyon fijan un alquiler máximo por metro cuadrado. Austria, por su parte, aprobó en enero un freno a los alquileres que limita las subidas al 1 % en 2026 y al 2 % en 2027 para determinados pisos construidos antes de 1945.

Polonia deja el precio en manos del mercado, aunque exige avisar con tres meses de antelación cualquier subida. En los alquileres indefinidos, el propietario sólo puede finalizar el contrato por causas concretas, una fórmula similar a la de Rumanía, que no cuenta con topes salvo en la vivienda social.

En Italia, el Gobierno de Giorgia Meloni sacó adelante el programa Piano Casa Italia para recalificar en la próxima década unos 60.000 inmuebles públicos o concertados y ofrecerlos a precios asequibles.

Desahucios y vivienda turística

En materia de desahucios, Francia mantiene la tregua invernal, que impide expulsiones entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo. Esa medida también existe en Polonia y en las regiones belgas de Bruselas y Valonia.

Portugal aprobó una reforma para acelerar los desahucios y reformar el mercado del alquiler. La propuesta no ha provocado por ahora una reacción social como la registrada en España, donde hubo protestas masivas contra los desahucios y los fondos buitre.

Con esta iniciativa, Portugal busca aumentar la oferta de alquiler y permitir el desahucio cuando el inquilino acumule dos meses de impagos, frente a los tres actuales.

En Finlandia no existe una ley específica antidesahucios, pero los inquilinos de bajos ingresos pueden recibir un subsidio para pagar el alquiler y pedir de forma urgente ayuda social retroactiva para saldar la deuda.

Grecia tampoco tiene una ley antidesahucios y desde mayo la Justicia puede acelerar los procesos de expulsión de inquilinos morosos para ejecutarlos en un máximo de seis meses.

Austria, en cambio, aprobó en 2022 un sistema para evitar que personas vulnerables acaben en la calle. La medida, prorrogada hasta 2029, ha evitado hasta ahora el desahucio de más de 42.000 personas y supone un gasto anual de 28 millones de euros.

En el caso de las viviendas turísticas, Francia permite a los ayuntamientos limitar su número y reducir a 90 días al año el periodo en que una residencia principal puede alquilarse a turistas.

En Finlandia, las comunidades de vecinos pueden prohibir este tipo de hospedaje desde el 1 de octubre y tomar posesión legal temporalmente del piso si causa molestias significativas. En Países Bajos, desde 2021 existe un registro obligatorio y un límite de hasta 30 días al año.

Además, desde el 1 de enero de 2022, los municipios neerlandeses pueden vetar durante cuatro años el alquiler de inmuebles comprados por inversores para frenar la especulación.

Fuente: Economía